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Colusión de los poderes y simulación en el caso Karla

Emilio Muñoz Berruecos
La Jornada de Oriente Tlaxcala
25 de marzo de 2016

El caso de las mujeres desaparecidas ha tomado relevancia a partir del caso Karla Romero Tezmol, niña de 11 años de edad desaparecida en San Pablo del Monte, el 13 de enero del presente año. La denuncia que valientemente su madre y padre han hecho, deja en claro que las autoridades e instituciones responsables de operativizar la búsqueda y en este sentido la vida e integridad de la menor, han incumplido con su obligación y las acciones hechas están llenas de fallas y omisiones.

La legítima exigencia de los padres y de organizaciones civiles que se solidarizan con su lucha, generó que el Congreso del estado aprobara un punto de encuentro para que compareciera ante el pleno la procuradora General de Justicia del estado a fin de que explicara la situación existente en la entidad sobre los casos de desaparición de personas y la procuración de justicia en general.

Este hecho pudo representar un avance no sólo para el caso Karla, sino también para evaluar la procuración de justicia frente a los cientos de casos de mujeres víctimas de otros delitos, entre ellas las mujeres tratadas, que en muchos casos inicialmente también son víctimas de desaparición; era también una oportunidad para revisar la implementación de la legislación y política pública existentes sobre la violencia hacia las mujeres y la trata de personas, pues el hecho de que las mujeres en Tlaxcala sigan desapareciendo, siendo víctimas de trata o de feminicidio, es resultado de la inoperatividad de las leyes y de la falta de eficacia de las instituciones encargadas de operarlas.

Desafortunadamente el Congreso del estado cerró esta puerta, determinando que la comparecencia fuera de carácter privado, con esto dejó en claro que no existe el equilibrio de poderes, que al centro de la discusión no están las víctimas sino los intereses de partido, que la comparecencia de la procuradora solo sería la repetición de los que ya ha sostenido públicamente sin la posibilidad de cuestionamientos de personas u organizaciones expertas en la desaparición de personas, la perspectiva de género y de la infancia, quienes pueden aportar a la crítica y mejora de los procedimientos de búsqueda y acceso a la justicia.

Si se ha hecho la comparecencia a puerta cerrada, lo más probable es que nadie, incluso las familias, pueda conocer aquello que realmente se dijo, si los cuestionamientos fueron de fondo o solamente de trámite, con ello completarán su simulación. Pese a esto y para terminar de mostrar este acto de simulación sería fundamental conocer el tipo de preguntas que realizaron y quién las planteó, no se puede argumentar que las preguntas no pueden ser públicas, pues la pregunta no pone en riesgo el procedimiento; sin embargo, las preguntas planteadas no es hecho menor, pues refleja la posición política, partidista, el conocimiento en el tema de la desaparición, del conocimiento de los marcos nacionales y estándares internacionales de atención, refleja el conocimiento que tienen de la vinculación de estos hechos con la realidad local de riesgo, refleja el conocimiento de la perspectiva de género, de los derechos humanos y en este caso del interés superior de la infancia.

El gobierno del estado ha demostrado un desprecio impresionante por las víctimas que han resultado de su incapacidad y simulación para enfrentar los hechos delictivos que históricamente han ido creciendo. No sólo no ha sido capaz de enfrentar lo que él llamó la “leyenda negra”, sino que se muestra insensible ante el dolor de quienes sufren por las omisiones del Ejecutivo. La comparecencia de la procuradora y la manifestación de los padres, familiares y organizaciones civiles coincidieron con la conmemoración del 201 aniversario del natalicio de Benito Juárez, en el evento estuvo presente el jefe del Ejecutivo, Mariano González Zarur, quien no dijo una sola palabra respecto a Juárez, también mostró indiferencia ante las familias, un alto número de integrantes de la policía estatal, vestidos con pantalones de mezclilla color azul, playeras blancas o sudaderas blancas, hacían un cerco del lado de la manifestación de padres y familiares, esa es la perfecta imagen del actuar de las instituciones de gobierno en Tlaxcala, incluido el Legislativo: callar, evadir, excluir y culpabilizar a las personas afectadas que exigen justicia y si es necesario usar la fuerza pública contra las víctimas y la ciudadanía y no contra la delincuencia o las autoridades que no cumplen con su labor, ese es el rumbo que ha tomado la política en Tlaxcala y de la que tanto presume Mariano González Zarur.

Florentino Domínguez Ordóñez, líder de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló a los medios de comunicación que “considero que los resultados fueron satisfactorios respecto al único tema que se ventiló en esa reunión que fue la desaparición de Karla Romero Tezmol”. ¿Qué más se podía esperar de él? Dependiente del Poder Ejecutivo no está ahí para cuestionarlo, sino para protegerlo, ya ni siquiera sorprende el silencio absoluto de quienes se declaran la oposición, pues está claro que no la hay y que el Congreso en sí mismo es una extensión del Ejecutivo.

Para la ciudadanía que cada día estamos más preocupados por la grave situación de violencia hacia las mujeres, nos queda claro que estos temas no son de interés ya no solo del Ejecutivo, sino ahora podemos afirmar que hay un desprecio y colusión del Legislativo.

También pareciera que hay un desinterés por todas las personas que actualmente están postulándose a puestos de elección popular, pues en sus agendas no se muestra interés por los temas de violencia hacia las mujeres.

Día con día es más claro que si queremos avanzar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, es imprescindible continuar organizándonos, articulándonos y exigiendo. Solo esta fuerza puede darnos una esperanza de que en Tlaxcala nunca más las mujeres sean desparecidas, explotadas o víctimas de feminicidio. ¡Ni una más!


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