No me gaste las palabras…

No me gaste las palabras…

Alejandra Méndez Serrano
La Jornada de Oriente Tlaxcala
10 de febrero de 2016

El 8 de febrero pasado se publicó en diferentes medios informativos que durante la reunión de Gabinete de la Zona Centro, efectuada en Ecatepec de Morelos Estado de México, la procuradora de la República, Arely Gómez González reconoció el trabajo emprendido por el gobernador Mariano González Zarur, al posicionar a Tlaxcala como la segunda entidad más segura a nivel nacional, sólo después de Yucatán. Asimismo, felicitó el trabajo realizado por su administración contra el combate a la trata de personas. Al respecto, el gobernador, con mucho orgullo, dijo que desde el inicio de su administración ha reconocido este problema y con bombo y platillo anunció que cuenta con 12 sentencias condenatorias, 285 víctimas rescatadas y 263 establecimientos clausurados, además se regodeó por los reconocimientos que ha obtenido a nivel nacional por el trabajo que realiza en este tema.

Sin embargo, la realidad que vivimos los y las habitantes de la entidad dista mucho de las cifras y los discursos huecos, pues tan solo en lo que va del año se han dado varios sucesos que dan muestra de lo que realmente ocurre. El caso de Brenda Tlaltepa Mora, cuya desaparición ocurrió el 5 de enero y su cuerpo fue hallado sin vida el 11 de enero, a pesar de que los familiares y vecinos del lugar dieron datos del agresor, las autoridades no realizaron ninguna acción al respecto. Otro suceso fue el hallazgo de la regidora de Calpulalpan, Nancy Fabiola Vidal Yllescas, quien fue reportada como desaparecida desde el mes de septiembre de 2015 y los familiares refieren que poco fue el interés que mostraron las autoridades para buscar y encontrar con vida a la representante popular.

Un hecho más es la desaparición de la niña Karla Romero Tezmol, el 13 de enero en la comunidad de San Pablo del Monte; inmediatamente los familiares fueron a denunciar el hecho, encontrándose con la negativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que no emitieron la Alerta Amber y ni siquiera abrieron averiguación previa a pesar de la gravedad del asunto.

La impunidad que vivimos en el país es alarmante y nuestro estado no se queda atrás, datos que ofrece la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) en el “Índice de impunidad en México 2016”, refieren que Tlaxcala se encuentra en un grado de impunidad alto, los cinco delitos del fuero común más recurrentes son: lesiones, robo de vehículo, robo a casa–habitación, robo a negocio y otro robos; con información de la PGR demuestran que las averiguaciones previas por trata de personas han aumentado en 600 por ciento de 2008 a 2014. Refieren que existe una desconfianza por parte de las víctimas hacia el sistema de justicia para denunciar el delito, además existe una deficiencia de personal en las calles para la seguridad pública, pues sólo se destina a 93 personas por cada 100 mil habitantes; de 7 mil 840 denuncias sólo se le da respuesta al 37 por ciento de ellas (2 mil 906), el 63 por ciento se acumula para el próximo año; existen 1.2 agencias por cada 100 mil habitantes; únicamente se cuenta con seis agentes en el Ministerio Público por cada mil delitos registrados; durante 2013 sólo existen 14 por ciento de sentencias; se cuenta con 2.5 magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes y en un año hay 26 por ciento más inculpados que procesados, lo que indica que están procesando a personas de años anteriores.

En el Centro Fray Julián Garcés hemos documentado que el índice del delito de trata de personas para la explotación sexual se ha extendido a 35 municipios del estado y que de 185 denuncias por trata sólo se han dictado 12 sentencias.

Por un lado los discursos del gobierno muestran un ambiente que más bien parece un sueño porque no existe, porque nadie lo vive, porque se queda en palabras huecas, palabras vacías, la mera simulación de que se trabaja y actúa frente a las situaciones de injusticia.

Por otro lado, la realidad que vivimos a diario en las comunidades, la de impunidad, pobreza, corrupción, de injusticia porque no existe el personal suficiente que garantice la justicia, y el que existe, el que está para servir a la ciudadanía en muchos de los casos, no está lo suficientemente preparado para realizar su trabajo, más aun, violenta de muchas maneras nuestros derechos humanos y pisotea la dignidad.

Y frente a ese Estado de simulación, vemos que son los y las ciudadanas las que se solidarizan, se organizan, realizan las investigaciones y en muchos de los casos tristemente tienen que “hacer justicia” por su propia mano. El caso de San Pablo del Monte es ejemplo de ello, le han exigido al Estado que asuma su responsabilidad, logrando que se emita la Alerta Amber y que se inicie la averiguación previa, pero han tenido que cerrar carreteras, realizar las denuncias públicas, tomar las calles, realizar investigaciones y aun así resulta insuficiente, pues según refieren cuando proporcionaron información sobre el paradero de la pequeña, la corrupción al interior de las instituciones se hizo presente, frustrando un operativo, por lo que la comunidad ha organizado una brigada ciudadana para localizar a la pequeña Karla, ya que el Estado muestra su incapacidad para garantizar nuestros derechos humanos. Y los otros casos, de los que no se sabe nada porque no hay fuerza suficiente para organizarse, para denunciar, se quedan en total impunidad y olvido.

No me gaste las palabras señor gobernador, no me llene de palabras huecas, mire que lo que yo quiero es que se hable menos y se trabaje más.


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