Corren tiempos difíciles en México. Al término del presente sexenio, en diciembre de 2018, se cumplirán 12 años del inicio de una de las etapas de mayor violencia en la historia del país, en la que la mal llamada “guerra contra la delincuencia organizada” orquestada desde las más altas instancias del Estado mexicano, no sólo no ha frenado o limitado el alcance de las redes de la economía criminal que operaban desde hace décadas en distintas regiones del país, sino que propició que la espiral de violencia se extendiera a prácticamente todos los rincones del territorio nacional. En esta guerra, más que haberse acotado el alcance y la profundidad de las acciones del crimen organizado, se evidenció que las posibilidades de expansión del campo de acción de las redes criminales eran todavía muy amplias y que, también, había mucho que perder en términos de seguridad, tranquilidad, convivencia y protección de los lazos de confianza y ayuda mutua que (todavía) ofrece la comunidad a sus integrantes. A esta crisis mayúscula hay que agregar el hecho de que, durante estos dos últimos sexenios, se han realizado reformas jurídicas e institucionales que, al mismo tiempo que facilitan a intereses y grupos particulares el acceso a la lucrativa apropiación, explotación e incluso depredación del territorio, del medio ambiente, de los recursos naturales, de la fuerza de trabajo, de su salud y del patrimonio histórico y cultural de los pueblos y de la Nación, por el otro violentan, omiten o de plano impiden el ejercicio de los derechos fundamentales (individuales y colectivos) de los pueblos, las comunidades y los defensores de esos derechos, limitando al mínimo la capacidad de los instrumentos jurídicos ―aún vigentes en la Ley― para defender esos derechos frente a los intereses particulares que están, literalmente, destruyendo al país, ya sea por la violencia económica de las reformas estructurales o por medio de la violencia de la persecución política, de la represión, de la desaparición forzada, de la complicidad entre el crimen organizado y no pocas autoridades pero, sobre todo, de la implantación de un régimen de simulación institucional orientado a predicar las bondades del modelo económico y político impuesto desde arriba y desde afuera mientras se denuestan las críticas y las denuncias
Frente a esta realidad tan compleja, a la que se suma una creciente inseguridad en las comunidades por la presencia de grupos del crimen organizado dedicados a la ordeña de ductos de hidrocarburos, así como a su transporte, almacenamiento y venta de los combustibles robados en distintos puntos de la región fronteriza entre Tlaxcala y Puebla, la opción tomada por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., no puede ser otra que la de la apuesta por la comunidad, como única vía efectiva para la solución pacífica de todas las adversidades y retos con los que la realidad nos confronta.
Cuando decimos esto, queremos decir que sólo desde la comunidad (aquella comunidad que, en su sentido más profundo, nos llama la Iglesia a ser) podemos hacer crecer la luz que nos permita reconstruir la esperanza de un presente y un futuro de paz, de justicia y de respeto a la dignidad de todas las personas y de todos los pueblos
