Posicionamiento ante la próxima discusión legislativa de una nueva
Ley de Aguas en el estado de Tlaxcala
El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV), la Pastoral Social – CARITAS y la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala, desde hace dos décadas hemos denunciado la grave situación de contaminación de los cuerpos de agua en la Cuenca del Alto Atoyac, particularmente por desechos industriales. También hemos documentado, en articulación con científicas y científicos de diversas universidades, los potenciales daños a la salud que representa esta contaminación de los cuerpos de agua, lo cual fue reconocido en la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se indica que existe un “estrecho vínculo entre la calidad del medio ambiente, el saneamiento y la salud, que a su vez están relacionados con el disfrute de diversos DH como a la vida, la salud, la alimentación…”. Además, hemos insistido ante diversas autoridades federales y estatales, que debe haber un proceso de Saneamiento integral de la Cuenca del Atoyac – Zahuapan, y como parte de ello debe haber una cobertura universal del derecho humano al agua y a su saneamiento.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, emitió la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua, su artículo 1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. La Observación reconoce el derecho al agua como “el derecho de cada persona a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”.
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Asimismo, en el 2012 se elevó a rango constitucional en nuestro país el derecho al agua y al saneamiento.
Tenemos conocimiento de que, en el Programa Legislativo para el segundo periodo ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura del Congreso del estado de Tlaxcala, el grupo parlamentario del Partido MORENA, ha enlistado un punto sobre “Reformas a la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala”. Al respecto, quienes suscribimos este comunicado manifestamos al Congreso del Estado de Tlaxcala lo siguiente:
- La mayor parte del estado de Tlaxcala se encuentra dentro de la cuenca del Alto Atoyac, la cual, a pesar de tener fuertes impactos por la contaminación industrial, sigue siendo un espacio con importantes cantidades de agua que permiten la vida de nuestras comunidades, así como de la biodiversidad que en ella existe. Las reformas que se hagan deberán privilegiar la conservación de este recurso para la garantía de la vida y para que las siguientes generaciones del estado reciban los recursos naturales, sociales y culturales que nosotros y nosotras recibimos de nuestras generaciones pasadas.
- Es necesario que las discusiones y reformas que se planteen respecto a la Ley de aguas, sea siempre desde la perspectiva del derecho humano al agua, desde una perspectiva de cuenca y perspectiva de integralidad, y no desde una lógica mercantil ni privatizadora, pues pondría en riesgo la accesibilidad y la asequibilidad por parte de los sectores más vulnerados en la sociedad Tlaxcalteca, y contravendría los principios internacionales y la Constitución.
- Es importante reconocer que históricamente, la ciudadanía y las comunidades hemos participado en la gestión del agua, garantizando este recurso para las y los habitantes de nuestros pueblos. Por ello, las reformas que se planteen, deben reconocer el papel tan importante que tienen los Comités comunitarios del agua y generar las condiciones que permitan su fortalecimiento.
- Las reformas que se hagan deberán corresponder a la realidad de nuestro estado y el proceso deberá garantizar la participación de las comunidades en todas sus etapas, pues somos nosotras quienes conocemos las problemáticas que enfrentamos, la contaminación de este vital recurso y quienes luchamos por conservar los cuerpos de agua existentes.
¡No hay justicia social sin justicia ambiental!
